Este proyecto es formulado de forma espontánea en el
inicio del gobierno local de Manuel Ossandón, quien pertenece al partido de
“Renovación Nacional” tiene tres fundamentos que dan lineamiento para la
implementación; la tasa de embarazo adolescente, una ausencia de educación
sexual en la malla curricular de los colegios y el enfoque sanitario en la
salud primaria en Chile.
En Chile, la población adolescente asciende a 2.817.251, lo que corresponde al 17% de la población total del país. En la Región Metropolitana se observa que los embarazos adolescentes se encuentran en las comunas de menor nivel socioeconómico, en cambio, en las comunas de un nivel socioeconómico mayor los números de embarazo son menor (Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes, 2012). En cuanto a la comuna de Puente Alto, esta cuenta con una tasa de madres adolescentes de un 16,7%, correspondiente a 1.426 personas..
El proyecto se implementa en colegios municipales de la
comuna de Puente Alto ya que “se observa que el sistema municipal es quien
concentra el mayor porcentaje de adolescentes madres insertas en el sistema
escolar, con un 60,6% del
total de escolares adolescentes que son madres” (Programa Nacional de Salud
Integral de Adolescentes y Jóvenes, 2012: 19).
La ausencia de la temática de la sexualidad en la malla curricular en los establecimientos educacionales, basado en el precepto de la Ley Orgánica Constitucional Educacional la cual no obligaba a los establecimientos a impartir clases de educación sexual, quedando al criterio de cada establecimiento. En la actualidad con la Ley 20.418, le exige a los establecimientos educacionales hacerse cargo de la educación sexual de los estudiantes; estableciéndose como un derecho (Universidad Central, 2012).
Por último, el foco sanitario que tiene la salud primaria en Chile respecto a la educación sexual se percibe como la entrega de anticonceptivos o preservativos a los jóvenes, en cambio el proyecto busca un enfoque más integral y familiar, es decir que los niños y jóvenes reciban la información adecuada para una toma de decisión formada con conocimiento de las consecuencias de sus actos (J.Vargas, comunicación presencial, 31 de marzo de 2016).
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