Este proyecto se
encuentra enmarcado en la primera política de sexualidad formulada en 1993, la
cual no era explícitamente obligatoria dentro del ordenamiento jurídico (Dides;
Benavente; Saéz: Nicholls. 2012). Esta se vinculaba a la Ley Orgánica
Constitucional de Educación (LOCE) la cual asignaba la responsabilidad de la
educación a los padres y la familia, por sobre la escuela y las políticas
educacionales. Aquella situación determinaba que el acceso universal en cuanto
a contenidos relevantes en educación sexual no estaba garantizado y que las
autoridades de gobierno no tuvieran las facultades para determinar la
información mínima especifica que los programas de educación sexual debían
contener (Dides; Benavente; Saéz: Nicholls. 2012).
En
sustitución a la ley anterior, Michelle Bachelet durante su primer período
presidencial promueve la Ley 20.428, promulgada en enero del año 2010, que
establece la educación sexual como garantía y derecho para todos y todas.
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